Nuevas informaciones reveladas alrededor de la supuesta caja B de Podemos parecen desmentir la versión proporcionada por los cargos de la formación morada. De acuerdo con la versión oficial del partido la “caja B” era en realidad una “caja S” de solidaridad, que supuestamente utilizaba ese dinero para donar a organizaciones en favor del desarrollo social y diferentes causas benéficas. Esto mismo era recalcado por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Alberto Rodríguez, el cual afirmaba en rueda de prensa que Unidas Podemos tenía “una caja S de solidaridad” y no una caja B. Igualmente, retaba a los jueces a “encontrar algún sobresueldo” dentro de las cuentas del partido, rematando con una lapidaria frase su exposición, “Que vamos a tener nosotros sobresueldos”.
Cabe recalcar que esta caja se nutría del importe retirado de los sueldos de los cargos electos. De hecho, existía ( al menos en teoría) una limitación de tres salarios mínimos a las remuneraciones que podían recibir los miembros de la formación. El resto de los sueldos eran introducidos en esta caja para, supuestamente, ser reutilizados en obras benéficas. Asimismo, también se incluían en esta caja las donaciones recibidas por el partido de diferentes donaciones, tanto privadas como públicas.
No obstante, esta versión se ha desmontado cada vez más a sazón de los nuevos datos revelados por la investigación judicial. Esto mismo ha ocurrido esta tarde, habiendo sido publicadas las cuentas de 2019 en relación con la “Caja S” del partido. De acuerdo con estas cuentas tan sólo 360.000 mil euros habrían sido invertidos en causas benéficas o humanitarias, de los cerca de dos millones obtenidos en total. Para ser más concretos, 1.943.560 euros se encuentran sin localizar, pues no han sido utilizados para su supuesta función inicial. Asimismo, desde 2017 el partido no hace público en que destina este dinero, sino que afirma, de forma dogmática, y sin demostrarlo, que se destina a proyectos de carácter social.
Por último cabe destacar que Podemos ha ido ocultando cada vez más donde destina estos fondos. Pues si en 2015 creaban el “proyecto Impulsa” para apoyar organizaciones de benéficas destinadas al “progreso social” mediante un proceso “participativo de los afiliados “estando todos los fondos bajo control, en pocos años la situación se volvería más obscura. De hecho, y como ya se ha afirmado, el último acto o declaración pública data de 2017, momento desde el cual la adjudicación de estos fondos se volvería privada, algo interno de la formación que no se daba a conocer ni entre la militancia ni a nivel público.
