Este miércoles se reactiva este juicio en el declararán Fernando José Villén Rueda, director técnico de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), y también Ana Valls, directora económica financiera de esta fundación entre 2004 y 2011.
Esta causa se ha reabierto debido a la presunta utilización de tarjetas bancarias de la FAFFE para pagar en distintos locales de alterne de Andalucía. En el auto de transformación de las diligencias para el procedimiento del Tribunal del Jurado, se ha argumentado que los datos que han sido aportadas a la causa, llevan a la conclusión de que el delito ha sido continuado en cuanto a malversación y falsedad documental.
También en este mismo auto, del día 19 de junio, se acuerda el sobreseimiento provisional de esta causa contra cuatro investigados: dos son administrativas gestoras, otro el adjunto en la dirección económica financiera y el último sería el hermano del ex director técnico de FAFFE, quien también trabajo en la fundación. Esto se debe a que “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación en los hechos”.
En el auto se especifica el gasto de un total de 32.566 euros en locales de prostitución, enumerando así cada uno de los pagos realizados en 5 establecimientos diferentes e indicando también importes y fechas concretas.
Por otro lado, el magistrado ha aclarado en la resolución que el acusado, Fernando José Villén Rueda “habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad, que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla”.
De tal forma, se añade que “al día siguiente, 24 de marzo, Fernando José V.R. intentó anular la tarjeta bancaria utilizada mediante la simulación de su pérdida o robo “. A continuación se especifica que “no logró su propósito”.
Cabe destacar que esta estafa conocida como “caso Faffe” fue descubierta en octubre de 2018, aunque ya en 2014, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía había descubierto un agujero de unos 50 millones de euros destinados a subvenciones para la formación profesional.
Un caso que destaca por la cantidad de cómplices, al tratarse de un compendió de irregularidades en las que participaban amigos, hermanos, primos o cuñados, además de los denominados “falsos funcionarios” que tramitaban dichas ayudas fraudulentas.
