Aumenta de forma masiva el número de viviendas okupadas en el territorio nacional, sobre todo en ciudades costeras donde, por no poderse realizar vacaciones, muchas segundas viviendas han quedado abandonadas y a merced de los okupas. Comunidades como Madrid o Cataluña se llevan viendo años perseguidas por este suceso, no obstante, con la crisis del COVID-19 la situación no ha hecho sino empeorar. Desde febrero se han detectado más de 3600 nuevas okupaciones en Cataluña y más de 600 en la comunidad madrileña, de hecho, de acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Ministerio del Interior se okupan diariamente en España, desde que comenzó la pandemia, 38 viviendas al día. No obstante, si se tiene en cuenta que la administración no contabilizó los datos durante 3 meses nos encontramos conque los datos revelan que se okupan cerca de 79 viviendas al día.
Este suceso ya endémico en la nación se ve incrementado en las ciudades costeras y habituales destinos vacacionales. Y es que a causa de las restricciones producidas por el COVID-19 muchos españoles no han podido desplazarse a sus segundas viviendas donde otros años veraneaban. Así, miles de casas han quedado en las costas españolas vacías, siendo presa fácil para el fenómeno de la okupación. La comunidad más afectada por esto ha sido Valencia, donde ciudades como Dénia o Gandía se han visto invadidas de casas arrebatas injustamente a sus dueños. La Comunitat Valenciana ha dado la alarma al detectarse un aumento masivo en el número de okupaciones, observándose un incremento del 39% en dos años, especialmente marcado desde el inicio de este verano. Con más de 500 viviendas okupadas en la actualidad en el territorio valenciano. A tal punto ha llegado la situación que hace 5 días la Fiscalía Provincial de Valencia aprobada algo inaudito en el resto del territorio nacional, las “desokupaciones exprés”. Esto consiste, en última instancia, en que los okupas pueden ser desalojados en menos de 24 horas si se presenta rápidamente una denuncia junto con documentos que aseguren y demuestren la titularidad de la casa.
Asimismo, uno de los elementos que más destaca de la okupación en Valencia es el aumento masivo de la criminalidad que se está produciendo. De acuerdo con las quejas presentadas por los vecinos de los municipios ya mencionados, así como los de Safor o Xátiva, la inseguridad y la violencia están aumentando de forma incontrolable, siendo habituales los ataques o acoso a los vecinos. Igualmente, también han recalcado que en la zonas okupadas se está produciendo un aumento del número de drogas presentes en la zona, así como los atracos y los pequeños hurtos.
No obstante, y si bien Valencia es un caso paradigmático, este suceso se repite en otros grandes destinos vacacionales como Andalucía. La comunidad andaluza se ha visto acosada por el suceso de la okupación de segundas viviendas vacacionales desde el inicio de la pandemia, de nuevo, igual que en el caso de Valencia, viéndose aumentado y reforzado desde la llegada del verano. De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la Junta el número de viviendas okupadas en los últimos cuatro meses se sitúa en 1.183,si bien a causa de las particularidades del fenómeno la cifra es aproximada. El gobierno autonómico ha determinado que los próximos días tomará cartas en el asunto para evitar que la okupación se vuelva un mal generalizado y que el derecho a la propiedad privada “se encuentre vulnerado”.
Madrid por su parte ha creado el pasado 31 de Julio la primera oficina Antiokupas de España, enfocada en dar asistencia legal a los ciudadanos para evitar que sus viviendas sean asaltadas. Esto, como afirma la propia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, nace como respuesta a la “falta de protección legal” en la que encuentra la población española. El conjunto de ciudadanos ve como los procesos de okupación son cada día más comunes mientras que las leyes no proporcionan una base legal firme y segura desde la cual actuar.
Las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Valencia han presentados sendas quejas al gobierno central, alegando que la actual legislación no permite la defensa de la propiedad privada. Y es que en la actualidad los procesos de “desokupación” pueden tardar hasta dos años, al domiciliar los okupas recibos a su nombre, impidiendo que la policía, aunque quiera actuar, no pueda. Al mismo tiempo en las comunidades se ha generado mucho descontento de la Margarita Robles, Ministra de Defensa, hace pocos en relación con la okupación. Y es que la ministra ha afirmado que la actual legislación “es suficiente” para proteger a los propietarios, causando la oposición generalizada tanto de los poseedores de viviendas okupadas como de las comunidades más golpeadas por este suceso que exigen una nueva normativa.
