Podemos no habría realizado presupuestos en 2019 para ocultar los sobresueldos a sus dirigentes

El desorden con respecto a los presupuestos en 2019 parece ser una de las causas de la posible “caja B” de Podemos. De acuerdo con el ex abogado de la formación morada, José Manuel Calvente, los dirigentes del partido habrían violado sus propias normas pues “a pesar de de esta obligación estatutaria, tanto el responsable de Finanzas de Podemos, Daniel de Frutos, como el Consejo de Coordinación, incumplieron los estatutos , no elaboraron el presupuesto de ingresos y gastos ordinario para 2019 para ser aprobado por el máximo órgano del partido, el Consejo Ciudadano Estatal”.

En la práctica, como ha declarado el abogado y ha resaltado el juez, esto suponía, de facto, que la formación podía disponer de fondos de forma totalmente opaca, sin que hubiese forma- al menos de carácter ordinaria- de rastrear o localizar el origen del dinero o donde se utilizaba. Así, los cargos de la formación en responsabilidad de los fondos del partido podían actuar sin control efectivo al no existir ninguna partida presupuestaria. Calvente asegura también “el solo hecho de hacer disposiciones de fondos sin ningún tipo de soporte presupuestario podría suponer responsabilidades penales por un delito de administración desleal de los bienes de la organización, según lo previsto en el artículo. 252 del Código Penal”.

Estas informaciones aseveran las conclusiones del Tribunal de Cuentas que determinaban que las irregularidades fiscales de la formación superaban los 425.000 euros. Asimismo, refuerzan igualmente las teorías del juez del Juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en relación con los posibles delitos de malversación de fondos y administración desleal. En su demanda al partido, el ex abogado de Podemos denuncia que el tesorero del partido habría sido también el responsable de eliminar toda publicidad y transparencia de la contabilidad de Podemos bajo las órdenes de Manuel Del Olmo, el Secretario de Comunicación del Partido, “suscribiendo contratos y ejecutando los pagos que se le indicaban, sustrayendo al Consejo Ciudadano Estatal el conocimiento y aprobación estatutaria de los presupuestos, cerrando el portal de transparencia y prescindiendo de la auditoría externa de las cuentas del partido”.

Asimismo, la figura de la gerente Rocío Val ha despertado las alarmas del tribunal. Esta persona, que entró en el partido por cercanía con Rafa Mayoral, habría producido un desajuste que despertó las sospechas de Calvente, pues resulta “Una irregularidad que la llegada de la nueva gerente Rocío Val supuso tanto para sí misma como para el tesorero Daniel de Frutos la subida secreta y unilateral de su salario en 2019, muy por encima de los tres salarios mínimos interprofesionales (SMI) que establece como retribución máxima el Código Ético de Podemos”. Y es que de acuerdo con el abogado se habrían producido subidas salariales de más 600 euros al mes a cada uno, y que, al no existir presupuestos, no habría quedado rastro. La irregularidad respondería, de acuerdo con Calvente, en que “Estas subidas salariales no tendrían partida presupuestaria y se las habrían aplicado sin que conste un acuerdo oficial del Consejo de Coordinación autorizando dichas subidas salariales y la aplicación de los complementos que se han atribuido unilateralmente”. Asimismo acusa a Val de ser una pieza clave en la asignación de sobre sueldos pues desde su posición como gerente, Val manejaba todos los contratos y gastos del partido a nivel estatal “aún sin tener poderes de representación para ello, los contratos y gastos del grupo parlamentario estatal en coordinación con el tesorero”.