El partido político VOX se ha querellado hoy contra Pablo Iglesias y Dina Bousselham en relación con el “caso Dina”. La querella, presentada esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso afecta, además de los ya mencionados, a Marta Flor, abogada de Podemos, e Ignacio Stampa, fiscal anticorrupción.
Se les imputan en esta querella seis delitos por el contenido de un chat en el cual, la abogada Marta Flor, comenta informaciones clasificadas que supuestamente le habrían sido reveladas por el Ministerio Público, consistiendo esto en un delito de máxima gravedad. La querella se concreta en los delitos de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito.
Cabe recordar que el Caso Dina se iniciaría en Marzo de 2019 después de que agentes de la Policía Nacional encontrase en casa del ex comisario Villarejo información clasificada proveniente del teléfono de Bousselham, cuyo robo fué denunciado en 2015. Esto, en su momento, habría sido considerado por Podemos una “actuación de las cloacas del estado” El gran cambio se produjo a partir de mayo de este año cuando el juez Manuel García Castellón, retiró la condición de perjudicado al vicepresidente iglesias, por conocerse que la información del móvil robado había estado en su poder y que había tenido en su hogar, durante varios meses, una copia de la SIM robada.
En la querella se denuncia, de la mano de Marta Castro, vicesecretaria jurídica de VOX, se denuncia una conspiración y conveniencia por parte de Podemos con el objetivo de “ocultar y manipular las informaciones ofrecidas por los querellados para obtener diferentes réditos”. En este sentido, también se recalca que esa información habría sido compartida en convivencia con Ignacio Stampa para obtener información secreta y privilegiada. Por último, se afirma que Bousselham ocultó al juez haber compartido las capturas de pantalla en las cuales Pablo Iglesias realizaba comentarios machistas sobre Mariló Montero pues el objetivo era utilizar eso para “culpar a Villarejo, sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que lo había pasado a terceros”.
