La pandemia de Covid-19 ha creado un profundo clima de incertidumbre entre las empresas españolas. Por ello muchas han decidido presensolicitudes para trasladar su residencia a Andorra.
El Principado de Andorra lleva desde 2012 atrayendo a empresas españolas para hacer negocios e inversiones con un impuesto sobre la renta del 10% como máximo, cobertura de seguridad social y atención médica competentes y un coste aceptable en los ámbitos de vivienda, alimentos y servicios públicos.
Pero este año ha ocurrido algo especial, según encuestas realizadas por la consultora Andorra Solutions en 2020 se habrían duplicado las peticiones de residencia y establecimiento de una actividad económica con respecto al año pasado, donde se registraron 2.408 solicitudes.
Según la consultora, especialista en inversiones extranjeras, el 68% de las solicitudes provienen de España y suele tratarse de personas con ingresos superiores a los 200.000 euros brutos anuales. La diferencia con otros años, según explica Andorra Solutions es que los solicitantes “ahora no sólo eligen el país para constituir una sociedad, sino que quieren vivir en el Principado”. Además, añade que “La fiscalidad española es un castigo para profesionales bien retribuidos”.
Y es que este movimiento de las empresas españolas no es casual. El daño que la pandemia ha hecho al mercado ha asustado a las empresas, pero esto por si mismo no es el principal detonante. Es la agresiva política fiscal que Podemos ha anunciado para paliar la crisis económica a la que nos ha llevado el coronavirus lo que ha generado inseguridad jurídica en las empresas, con propuestas como el impuesto a grandes fortunas, la tasa digital y la tasa bancaria, las propuestas de expropiación a los sectores bancario, eléctrico o agrícola.
Estas amenazas a los empresarios se han convertido en un aumento masivo de las peticiones para residir en Andorra “sobre todo por parte de personas que tienen su vivienda en lugares próximos, como Cataluña o el sur de Francia, pero también de España o el resto del estado francés”, confirma la consultora.
Sin embargo, el Principado quiere evitar que vuelvan a señalarle por escándalos de corrupción o blanqueo de capitales, por lo que ante este incremento de solicitudes “mira con lupa quién entra en el país con la máxima transparencia en el proceso de selección, por lo que suele rechazar actividades mercantiles vinculadas al sector financiero, uno de comporta más riesgos”.
