El número de viviendas okupadas en España se ha disparado durante este año, aumentando sin control. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio del Interior el número de viviendas okupadas se ha incrementado en 38 al día hasta alcanzar en la actualidad 5.770 en toda España. No obstante, si se tiene en cuenta que por las excepcionalidades del Covid la administración no ha contabilizado el avance diario durante cuatro meses, nos encontramos conque los datos parecen indicar que en realidad se okupan 79 viviendas cada jornada.
Igualmente, lejos del perfil habitualmente defendido en medios de la persona que realiza estas okupaciones, los datos oficiales parecen indicar otra cosa. La mayoría de los okupas no son pobres familias sin recursos, sino jóvenes de entre 25-45 años, sin ningún trabajo concreto y con antecedentes criminales. De acuerdo con José Ramón Felipe, dueño del bufete especializado JR Abogados, en la entrevista concedida al diario ABC el pasado 12 de Julio, el perfil del okupa no es de una persona en riesgo de exclusión, sino el de un okupa “profesionalizado”, que vive a base de las lagunas legales, arrebatándole la vivienda a otros ciudadanos.
Y es que la ley en España se ha mostrado totalmente ineficaz a la hora de frenar este suceso que priva de su residencia a muchos ciudadanos en España. La ley actualmente es exageradamente permisiva, pudiendo demorarse la expulsión de un okupa hasta por dos años. Eso, por supuesto, sin tener en cuenta que, en caso de que el inquilino no deseado consiga domiciliar algún recibo, será el propietario legítimo quien se deberá embarcar en denuncias para demostrar que esa vivienda le pertenece verdaderamente, pudiendo el proceso de expulsión ser virtualmente eterno. De la misma forma, de un tiempo a esta parte, sobre todo en grandes ciudades como Barcelona o Sevilla, ha habido un intento declarado por parte de las autoridades civiles de convertir estas okupaciones en “alquileres sociales”. Espurio gesto este pues, lejos de solucionar el problema, da pábulo a futuras okupaciones al deformar la legalidad con el objetivo de convertir, a posteriori, actos criminales en legales.
No obstante, ha habido varias fuerzas políticas que se han declarado a favor de establecer una actitud mucho más severa contra este tipo de prácticas. En este sentido destacan los partidos Ciudadanos, Partido Popular y Vox que, de un tiempo a esta parte, han ido presentando propuestas con el objetivo de lograr una expulsión inmediata de los okupas. En este sentido, la intentona de mayor calado fue la propuesta de ley orgánica presentada por el grupo popular el pasado día 1 de julio en el parlamento. Esta normativa pretende lograr, entre otro asuntos relacionados con la vivienda, la expulsión en menos de 24 horas de los okupas para evitar que estos puedan falsificar o solicitar recibos a su nombre, dificultando el proceso.
