El Defensor del Pueblo publica un escrito dirigido a varios miembros del PP donde consta que ante el Consejo de Transparencia el Ministerio de Sanidad negó la existencia de un comité de expertos que evaluase la situación sanitaria de las CCAA encargado de decidir el ritmo de la desescalada de los distintos territorios. Estas declaraciones parten de una pregunta realizada al Ministerio donde se cuestiona la negativa de hacer públicos los nombres de las personas encargadas del asesoramiento durante el proceso.
El PP denunció ante Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, que la ocultación de los nombres de estos asesores infringe la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, así como la Ley General de Salud Pública.
Ante este requerimiento para su intervención, Fernández Marugán ante el eventual incumplimiento de la Ley de Transparencia se dirigió al Consejo de Transparencia, encargado de la aplicación de esa ley.
El consejo hizo saber al Defensor del Pueblo que “la obligación de publicar la identidad de los expertos que asesoran al Gobierno en la crisis sanitaria del Covid-19 no tiene encaje en el artículo 6.1 de la Ley de Transparencia“. La razón es que el precepto mencionado “sujeta a publicidad activa el organigrama de la estructura organizativa de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación”, excluyéndose así el grupo de expertos cuya composición, al no haberse creado formalmente, no puede encajarse dentro de la estructura administrativa.
En segundo lugar, Transparencia cuestionó al Ministerio de Sanidad sobre el incumplimiento de la Ley General de Salud Pública. La respuesta de la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación fue: “No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento”.
Sanidad informa de que la responsabilidad a la hora de tomar decisiones corresponde al Ministerio “tras su valoración con las distintas comunidades, conforme a lo establecido en la orden ministerial del 3 de mayo que regulaba el proceso de cogobernanza para la transición a la denominada nueva normalidad”
Así el Defensor del Pueblo se desvincula del caso con este escrito y avisa a los diputados que le hicieron llegar la petición que no realizará más gestiones al respecto. Aprovecha además para advertir al PP que el Defensor del Pueblo, por ley, en ningún caso estará sujeto a un mandato imperativo ni a ninguna autoridad, pudiendo funcionar con autonomía. Pudiéndose dirigir a él para solicitar alguna investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas administrativas que afecten a los ciudadanos siempre “en el ámbito de sus competencias”.
