El Tribunal Constitucional ha admitido, por ocho votos a favor y cuatro en contra, a trámite el recurso presentado por Partido Popular y Ciudadanos en relación con los juramentos realizados por determinados diputados y senadores, en su mayoría de Podemos o ERC, en el inicio de la pasada legislatura. Si bien estos juramentos fueron aceptados por la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, ahora el Constitucional revisará si sus declaraciones fueron, en efecto, válidas o no.
No obstante el Tribunal también se encuentra en trámite de admitir otros recursos sobre los juramentos realizados por una pléyade de formaciones políticas, en su mayoría independentista, como la CUP, Bildu, PNV o el BNG, entre varios más. Cabe recordar que estas fórmulas de juramento presentaban una serie de aspectos que han resultado polémicas y, de acuerdo con el Tribunal, posiblemente constitutivas de alteraciones al orden constitucional, pudiendo llegar a ser consideradas inválidas.
Fuentes jurídicas consultadas por el diario El Mundo dan por sentado que una vez admitidas estas primeras a trámite, es solo cuestión de tiempo que todos los demás sean, de la misma forma, admitidos para su posible revisión. Las fuentes confirman igualmente que, si los recursos prosperan, fórmulas de juramento utilizadas y que serán revisadas por los recursos como “por la república” “por el 1-O” o “por las trece rosas” ya no serán válidas o admitidas. No obstante, será en última instancia el TC quien determine si estas pueden tener o no “encaje constitucional” o, en su lugar, representarían en el mejor de los casos una fórmula inadecuada o, en el peor, un ataque al orden constitucional.
Por último el Tribunal de Garantías aprecia que en los recursos existe una importancia mayor que la de los casos en concreto que se trasluce a una extrapolación general de la forma y actuaciones constitucionalmente válidas en el concepto de las juras de cargos. Así se afirma que estos recursos resultan relevantes y podrán sentar jurisprudencia a causa de que las declaraciones de jura y la conclusión legal del proceso pueden tener “consecuencias políticas generales” en el funcionamiento de las Cortes.
