A solo un mes de la finalización del plazo para entregar un Plan Nacional de Reformas en el que deberán reflejarse todos los proyectos y reformas estructurales que el Gobierno quiere financiar con el Fondo de Reconstrucción habilitado por Bruselas se despiertan dudas sobre las capacidades del Ejecutivo.
El próximo 15 de octubre deberá enviarse a la Comisión Europea (CE) los proyectos que se llevarán a cabo a cargo del préstamo de Bruselas. A España le corresponden 140.000 millones de este fondo, como máximo 72.700 millones llegarán en forma de ayudas directas pero los gastos deberán ser detalladamente justificado. Si existiese alguna discrepancia entre la inversión y lo justificado en el Plan Nacional no recibirán los fondos.
Ante esta situación los empresarios desconfían más que nunca de la capacidad del Gobierno para el diseño y posterior materialización de estos programas. Del mismo modo, dudan de la disciplina para cumplir las exigencias europeas.
El Gobierno ha demostrado poca tendencia al consenso con los constantes choques y divisiones entre los dos partidos. Así mismo la falta de comunicación entre las ministras de Economía, Hacienda, Transición Ecológica e Industria demuestran una falta de decisión por parte de los socialistas.
Los requisitos para que la Comisión Europea apruebe las reformas planteadas son varias. En primer lugar, deben alinearse con los objetivos de la Unión Europea, esto es: promover la digitalización, la transición ecológica, la inversión en I+D+i, la ciencia o la formación profesional. Bruselas lleva años presionando a España para que cumpla con estos objetivos con una desalentadora respuesta por parte de nuestro país. Las reformas requeridas por Europa irían en la línea de solucionar el problema de precariedad y temporalidad del mercado laboral; desarrollar infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías; y mejorar la eficiencia del gasto público. Lo único que tendría que hacer el Ejecutivo es prestar atención a los estudios publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que ya proponen medidas concretas para alcanzar estos objetivos.
Por su parte la patronal de empresarios no ve clara la capacidad de desarrollo de estos planes por parte del Gobierno de Sánchez y quiere asegurarse de que su opinión es tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones relativas a la economía y el mercado de trabajo. Para facilitar la comunicación Hacienda ha pedido a todos los Ministerios y organismos públicos una lista de los proyectos de su rama que podrían ser presentados para cubrirse con las ayudas europeas, para ser posteriormente introducidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.