La Confederación Española de Policía (CEP) ha presentado sus quejas al Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En esta queja exponen su preocupación por la falta de criterio unitario con respecto a la actuación policial en los casos de okupación de viviendas. Este mensaje viene motivado por la ola de okupaciones de solares y viviendas que está sufriendo España. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio cerca de 79 viviendas son okupadas cada día.
A sazón de esta crisis de las okupaciones se ha encontrado sin un criterio bajo el cual actuar, sin poder discernir cuáles serían las directrices operativas adecuadas ante estos sucesos. A pesar de que tanto el Código Penal como la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana sanciona estos comportamientos, existe una disparidad de órdenes de interpretaciones por parte incluso de los fiscales provinciales.
Ante esto la CEP solicita “una guía de referencia que les proporcione garantías jurídicas y que se ajuste a las disposiciones legales y procedimentales de la jurisprudencia más relevante bdel Tribunal Supremo en este ámbito”. Asimismo han recalcado la urgencia de esta ley en tanto que la okupación “es un problema que genera cada vez más alarma social”.
El Gobierno aún no ha dado respuesta a la petición de ninguna forma, al menos a nivel público, no obstante la actuación por parte del Ejecutivo en relación a la okupación ha sido insustancial. De hecho, tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía han presentado sendas quejas exigiendo algo similar a lo que ahora piden los policías, una normativa única y clara que permita atajar el problema. En Valencia, como informábamos hace pocos días el fiscal aprobaba por su cuenta las ” desokupaciones exprés” las cuales, Grosso modo, permiten que si se presentan documentos de propiedad en menos de 48 horas los okupas sean expulsados inmediatamente. Esto, más allá de la adecuación o no de la medida, implica que no existe una legislación común que proteja la propiedad privada ante las okupaciones. Por lo mismo, y como ya han recalcado varias CCAA , entre las que están Valencia y Baleares también, es necesaria la creación de una nueva normativa a nivel nacional.
