La administración de la Seguridad Social se ha visto muy afectada por el ingreso mínimo vital. El IMV impulsado por el gobierno ha supuesto para la administración de la Seguridad Social un quebradero de cabeza por la gran cantidad de solicitudes. las situaciones a la que se enfrenta una persona que necesita hacer gestiones a través de las oficinas de seguridad social y el servicio público del empleo (SEPE) se traducirá en llamadas que no se contestan, citas previas a largo plazo, funcionarios desbordados Y, en suma, el colapso de la administración.
Durante el confinamiento las oficinas han estado cerradas y se tuvo que optar por el teletrabajo desde casa, los sindicatos denunciaron que los funcionarios estaban siendo sometidos a largas jornadas de trabajo debido a la cantidad de expedientes acumulados, los cuales muchos de ellos siguen aún en el mismo estado.
En los meses de estado de alarma hubo numerosas quejas por parte de las empresas, asesorías y gestorías debido a la dificultad existente al querer realizar cualesquiera gestiones en dichas oficinas del SEPE, en parte por los problemas presentados con la nueva situación de trabajo telemático o por los constantes cambios de criterio por parte de la administración. Tras haber conseguido superar la ola de ERTEs presentados por las empresas y las prestaciones de desempleo o cese de actividad de autónomos, la administración de la seguridad social se ve en el problema de que la apuesta por la vía telemática para solicitar el ingreso mínimo no está cumpliendo con los objetivos.
Esto debido especialmente a que los solicitantes no pueden recibir información por el colapso del servicio de atención ciudadana, esto ha provocado que muchas personas no puedan solicitar las ayudas por la falta de información o pocos conocimientos para hacerla por internet, por ello se personan en las oficinas físicas pero al necesitar cita previa y tener un retraso de hasta 60 días sirve de poco.
Además, María González, portavoz del CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios) asegura que “A día de hoy, miles de personas siguen sin cobrar un ERTE” para desmentir a la ministra de trabajo Yolanda Díaz que negaba que esto siguiera ocurriendo. El ministro J.L Escrivá subcontrató a través de la empresa semipública Tragsa a 500 personas de las cuales 300 gestionarían los tramites de los expedientes y 200 se encargarían de la atención telefónica, pero se ha constatado que no es suficiente, por su parte los sindicatos solicitan un fuerte refuerzo para los funcionarios de la Seguridad Social y la tesorería para paliar el déficit de plantilla.
La poca previsión del gobierno se ha reflejado en que estimaban 300.000 solicitudes y la previsión es que se llegue a 800.000 o según el sindicato más de tres millones lo cual está impidiendo que las tareas más simples se puedan realizar, y que miles de españoles puedan realizar las gestiones oportunas.
Manuel García Vallecillos
