Foto de: InfoHispania

El Gobierno de España impide a Macarena Olona, portavoz adjunta de VOX, acceder a los informes de la Abogacía del Estado en relación al estado de alarma. Esto se ha producido después de que VOX conociese la clasificación de estos informes con el máximo nivel de seguridad, pudiendo leerlos sólo la Abogada General del Estado y sus subdirectores generales.

La respuesta de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes no se ha hecho esperar. Esta respuesta ha consistido en acentuar que el Ejecutivo cumplió “todos los procedimientos que establece el artículo 116 de la Constitución para la declaración del estado de alarma”. Igualmente la respuesta se limitó a esto, sin ninguna argumentación jurídica derivada para negar el acceso a los informes.

El Gobierno asimismo ha concluido facilitándole a VOX el enlace donde consultar la “comparecencia pública” de Sánchez ante el Congreso el 20 de mayo. La formación verde ha respondido de forma draconiana y exaltada ante esta respuesta sin base jurídica.

Ante la opacidad del Gobierno la portavoz de VOX ha decidido recurrir por la vía contencioso administrativa por vulnerar el artículo 23 de la Constitución. En este artículo se anuncia el derecho de los ciudadanos a participar de los asuntos sea directamente o por medio de representantes. Este derecho, de acuerdo con VOX, habría sido vulnerado con esta actitud del Gobierno y el presidente. Olona ha afirmado que “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy clara respecto a que el Gobierno tiene el deber de proporcionar a los diputados la documentación que soliciten para el ejercicio de sus funciones”.

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