El PSOE ha dado marcha atrás y ha protegido a sus socios de Gobierno en el Congreso de los Diputados. Los socialistas han bloqueado este martes 8 de septiembre la tramitación parlamentaria de la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. Así, en la Junta de Portavoces de Congreso, donde se fija el orden del día del Pleno siguiente, donde se habría votado la creación o no de la comisión, el grupo socialista ha impedido que esto se sitúe en el orden del día, empujando al menos hasta dentro de un par de semanas la votación de la comisión.
A favor de la aparición de este organismo en el pleno han votado Ciudadanos, Partido Popular y Vox, mientras que los socialistas han formado bloque con Podemos para evitar la aparición de la comisión en el Pleno. Asimismo, ambos socios, PSOE y Podemos, estarían planteándose iniciar otra comisión de investigación con el objetivo de investigar la llamada operación Kitchen, que afecta a altos cargos del Partido Popular en relación con la utilización de una supuesta policía patriótica para espiar a otros políticos, de acuerdo con las declaraciones de Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso.
Asimismo, Rafael Simancas, secretario general del PSOE, afirmaba la semana pasada que votarían en contra en la Junta de Portavoces afirmando que “Podemos está colaborando con la Justicia, no hay caso y no vamos a colaborar en la estrategia del ventilador que practica el Partido Popular” . Esto, resulta llamativo en tanto que la justicia, el Tribunal de Cuentas así como Juzgado de instrucción número 42 de Madrid, han calificado de probable los posibles casos de corrupción por parte de Podemos. En este sentido llama la atención el resultado de la votación a causa de la orden de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas al juzgado número 42 que hoy se ha dado a conocer, ordenando que se investiguen los casos de financiación supuestamente ilegal alrededor de los contratos suscritos entre Podemos y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones generales del 28 de abril por un importe de 308.257,20 euros. Así el Tribunal considera que existen “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo”, resultando llamativo el bloque por parte del PSOE de una comisión de investigación.
