Foto de: Blasting News

Este martes en el Congreso de los Diputados el PP ha presentado una proposición de ley que impediría al fiscal general del Estado proceder directamente de la política. Vox, Ciudadanos y JuntsxCat apoyan la iniciativa, pero el PSOE la ha rechazado frontalmente, lo que impide a los populares seguir adelante con ella.

El PP registró en febrero la proposición de ley, motivado por el nombramiento de la exministra socialista Dolores Delgado como fiscal general. Los populares pretenden impulsar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, estableciendo en su legislación que los aspirantes al cargo de fiscal general no pueden haber ejercido labores políticas en los últimos cuatro años, así mismo pedían que se mantuviese el precepto constitucional que regula el nombramiento “a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial” pero añadiendo que el candidato debía recibir el apoyo de dos tercios del Congreso.

Esto difiere con la actual regulación que solo exige dos requisitos: superar el examen del Consejo General del Poder Judicial, que tras llegar a una decisión emite un informe de idoneidad no vinculante, y la comparecencia ante el Congreso. En apoyo al PP se ha manifestado Macarena Olona, secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, sin embargo ha recordado que la propuesta de la formación verde pretende establecer una incompatibilidad de 10 años, muy por encima de los cuatro años exigidos por los populares. La diputada de Vox ha afirmado que “La politización de la Justicia lleva a una absoluta aniquilación de la separación de poderes”.

En la misma dirección ha apuntado, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha aplaudido la medida, pero ha reclamado una reforma «más profunda» del Ministerio Fiscal, invitando a que acogiesen las propuestas que Ciudadanos ha ido haciendo desde hace años. Finalmente, JuntsxCat, representado por Jaume Alonso-Cuevillas, ha planteado una reforma mucho más radical, exigiendo que la incompatibilidad no tenga límite de años, impidiendo actuar como fiscal general del Estado a cualquiera que haya ostentado previamente un cargo político.

En el otro bando el PSOE, a través de Francisco Aranda Vargas, portavoz de Justicia, ha manifestado su oposición a la medida acusando al PP de “volver a hacer la misma política de cuando no gobiernan, la del corto alcance, el rifirrafe y el bloqueo”. Del mismo modo han cuestionado las intenciones de los populares interrogándoles sobre el momento de presentación de esta iniciativa, cuestionándose por qué no la propusieron antes, cuando gobernaba Rajoy. Finalmente, el portavoz socialista ha reclamado que la medida sólo establece la incompatibilidad de los cuatros años anteriores para el caso de la Fiscalía General del Estado y no para otros órganos.

Unidas Podemos por su parte ha apoyado a sus socios de gobierno y su diputada Martina Velarde ha calificado la propuesta de “obscenidad política” por “desbordar” el mandato constitucional apelando al artículo 124.4 de la Constitución. Los populares han contestado a este ataque diciendo que su iniciativa no choca contra ese precepto.

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