La okupación de las viviendas se ha disparado en los últimos meses, consecuencia de la crisis del COVID-19. La AMADEI (Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias) muestra su preocupación de que, desde la Administración, no se adopten medidas para paliar esta “lacra, que va mucho más allá del derecho a la vivienda alegado por los okupas y que entra en franca colisión con el derecho a la propiedad de los titulares de los inmuebles ocupados”, fueron las palabras de Miguel Ángel Gómez Huecas (presidente de AMADEI).
En AMADEI creen que la cuestión va más allá de ese derecho a la vivienda que, en cualquier caso, no debe satisfacer la propiedad privada a quienes carecen de él, sino en todo caso la Administración. Estas nuevas redes tienen varios trabajos que hacer, como por ejemplo facilitar la ocupación, a alquilar viviendas vacías a personas en situación de exclusión social y a extorsionar a los propietarios que, incluso, pueden ver en peligro su integridad física si intentan llevarles la contraria o reclamar.
En la Asociación piensan que no deben acceder a subvenciones posteriores al empadronamiento y algo que va ligado a ello, el empadronamiento de una vivienda okupada. AMADEI invertirá 1,4 millones de euros hasta 2022 para vigilar los movimientos inmobiliarios.
