El ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de anunciar que cerrarán Madrid, además de otras 9 ciudades más del entorno como son Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla o Torrejón de Ardoz.
En breves se procederá a ejecutar una orden ministerial y esta decisión se hará definitiva en los próximos días con su correspondiente publicación en el BOE.
Illa ha señalado que la situación en estas zonas es “compleja” y “preocupante”. Además, ha aprovechado esta comparecencia para criticar la negativa del gobierno regional tras el acuerdo alcanzado ayer.
En el consejo interterritorial celebrado esta tarde, Sanidad no ha conseguido el apoyo de todas las comunidades autónomas. Andalucía, Cataluña, Ceuta, Galicia y Madrid han votado en contra de estas nuevas restricciones de movilidad, aforos y horarios. Por su parte, Murcia se ha abstenido en esta votación.
Por el contrario, las comunidades gobernadas por el PSOE así como el País Vasco han votado a favor por lo que el resultado ha sido de 13 votos a favor frente a 5 votos en contra y una abstención. Por este motivo, Illa asegura que se trata de una “decisión colegiada”.
Estas medidas afectarán a los municipios de más de 100.000 habitantes con una alta incidencia de contagios, es decir, 500 casos en 14 días o con un porcentaje de positivos en pruebas PCR que supere el 10%. Otro de los factores que se tendrán en cuenta será la ocupación de camas en UCI por paciente covid cuando esta cifra supere el 35%. En estos casos, se restringirá la entrada y salida de la localidad.
Cabe destacar la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y la Comunidad de Madrid en las reuniones que han tenido lugar el día de hoy. En ellas, el gabinete de Ayuso ha solicitado al gobierno que se tengan en cuenta otros criterios además de los tres ya existentes.
Hasta el momento se tenían en cuenta el número de casos, la presión asistencial y el porcentaje de casos positivos en las pruebas PCR. A estos tres criterios podrían unirse ahora otros como por ejemplo, la capacidad de aumentar el número de camas en los hospitales, así como en las UCI, o también la capacidad diagnóstica.
El gobierno regional llegaba a esta reunión con un espíritu colaborativo, pero dejando claro “que estamos hablando de derechos fundamentales y libertados de millones de personas que esos criterios van a restringir”. Por ese motivo, consideran necesario “crear una comisión de diálogo con criterios técnico y científicos, y también legales”. De esta forma, no descartan la vía judicial en caso de que el Ejecutivo incumpla la ley.
